El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto dijo la semana pasada que los 43 estudiantes que desaparecieron hace cuatro meses fueron asesinados por orden de un cartel de la droga que los confundió con una banda rival.
Los crímenes, que impactaron a una nación afectada ya por un baño de sangre endémico relacionado con el crimen, provocaron protestas masivas contra el gobierno y alimentaron la creencia ampliamente arraigada de que el crimen organizado tiene estrechos lazos con algunos políticos.
"Hemos decidido venir aquí a este comité, para conseguir algo de apoyo y obtener realmente justicia, ya que nuestro gobierno es incapaz", dijo Bernabé Abraján, cuyo hijo Adán es una de las víctimas, a los periodistas en los márgenes de una sesión del Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas. Vestía una camiseta con una fotografía de su hijo.
La sesión comenzó con un minuto de silencio por las víctimas.
El procurador general de México aseguró que los cuerpos de los estudiantes fueron incinerados y arrojados a un río. Hasta el momento sólo han sido identificados los restos de uno de ellos. El alcalde de la localidad de Iguala y su esposa fueron arrestados como principales sospechosos.
El comité presionó repetidas veces sobre el alcance de las investigaciones, la base de datos nacional sobre personas desaparecidas, así como los programas de protección para testigos y denunciantes.
El miembro del comité Juan José López Ortega preguntó: "¿Cuántos funcionarios públicos han sido retirados de sus cargos en conexión con las investigaciones que se están realizando?".
Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario de Relaciones Exteriores y jefe de la delegación gubernamental, dijo que la desaparición de los estudiantes mostró la necesidad de plantar cara al crimen organizado y atender problemas relacionados como la pobreza y la corrupción.
Amnistía Internacional dijo que ha documentado casos de secuestros y desapariciones cuando las fuerzas de seguridad mexicanas, incluido el Ejército, han apoyado o han hecho la vista gorda con la actividad de bandas criminales.
El comité de la ONU vigila el cumplimiento con un tratado que prohíbe las desapariciones forzadas a través de arrestos o secuestros por agentes estatales o personas que trabajan respaldadas por el Estado.
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