América Latina está acostumbrada al permanente deseo de Washington de acabar con los gobiernos que siguen su propia política, independientemente de los diseños norteamericanos para la región. Lo vimos suceder en Honduras en 2009, después en Paraguay en 2012, ahora la mira la tiene en Argentina.
Hace unos días fue desbaratado un intento del golpe de Estado "duro" contra el gobierno legítimamente elegido de Venezuela, y ahora, utilizando toda su parafernalia ha puesto en marcha lo que se conoce como golpe "suave" o "blando" de Estado llamado también "institucional" contra el gobierno de Cristina Fernández.
Este proceso se puso en marcha hace un mes, el 18 de enero pasado cuando el fiscal Natalio Alberto Nisman, quien desde 2004 estaba a cargo de la investigación del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que en 1994 causó la muerte a 85 personas, fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza en su lujoso departamento en Buenos Aires. Lo extraño fue que el deceso de Nisman se produjo horas antes de presentar una denuncia contra la presidenta Cristina Fernández y el Ministro de Relaciones Exteriores Héctor Timerman por el encubrimiento del atentado contra la AMIA.
La Unidad Especial de Investigación que dirigió el fiscal Nisman orientó su indagación hacia las pistas iraníes y las de Hezbolá señalando inclusive a varios miembros de la inteligencia iraní como autores de aquel atentado. Posteriormente el fiscal se convirtió en un férreo opositor de la aproximación entre Irán y Argentina denunciando la infiltración iraní en América Latina y en especial en Argentina. Después de que el Congreso ratificó en 2013 el Memorándum de Entendimiento con Irán para formar una comisión de cinco juristas (dos argentinos, dos iraníes y uno elegido en forma conjunta) para investigar el atentado, Nisman hizo circular una acusación de 500 páginas exponiendo las actividades terroristas de Irán en el hemisferio occidental. Inclusive declaró que la formación de la comisión mixta fue una "traición al país y a su trabajo de investigación".
Curiosamente el documento divulgado por el fiscal Alberto Nisman coincidió con el Informe Anual Sobre el Terrorismo 2013 difundido por el Departamento de Estado de EEUU que advertía sobre el aumento de la actividad terrorista iraní en América Latina.
Se sabe que las revelaciones del fiscal argentino se basaban en las fuentes norteamericanas, las de Israel y en las declaraciones de opositores y grupos de resistencia iraníes. En realidad no hubo nada concreto, igual como en los años 1990 cuando Washington advertía sobre el peligro iraní en la Triple Frontera (Argentina, Paraguay y Brasil) en el intento de Bill Clinton de aislar y contener a Irán. Sin embargo, esta política fracasó en América Latina con la elección de Hugo Chávez en Venezuela quien facilitó el estrechamiento de relaciones de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Argentina con Irán.
En estas condiciones, la muerte súbita del fiscal Nisman sirvió como un detonante para los ataques despiadados y sin sustento de los medios de comunicación globalizados contra la presidenta Cristina Fernández. Los periodistas globalizados no se cansaban de repetir las acusaciones que hizo Nisman varios días antes de su muerte contra Cristina Fernández y su Ministro de Relaciones Exteriores Héctor Timerman. Ellos fueron señalados como conspiradores para encubrir a los oficiales iraníes que patrocinaron el ataque perpetrado en 1994 por los terroristas libaneses de Hezbolá. De acuerdo al fiscal, este encubrimiento fue parte de un acuerdo para el suministro de petróleo iraní a Argentina.
Lo que evitan contar los medios de comunicación globalizados es la estrecha relación entre el fiscal Nisman y la embajada norteamericana en Buenos Aires. Resulta que el fiscal consultaba permanentemente a la embajada sobre los resultados de la investigación, según 196 cables que sobre el caso AMIA divulgó WikiLeaks y que fueron analizados por el periodista argentino Santiago O'Donnell. De acuerdo a su indagación, la embajada norteamericana le ordenaba al fiscal que no siguiera ninguna pista, salvo la iraní. Sin embargo, había una política de Estado que incluía a los grandes medios, a los líderes de la comunidad judía organizada, al gobierno argentino y a la embajada de Estados Unidos e Israel de no cuestionar la investigación, aunque en privado había grandes dudas sobre su efectividad".
Ahora se sabe también que el ex jefe de la Secretaría de Inteligencia (SI) Antonio Horacio Stiusso, estrecho colaborador de la CIA y el Mossad, estaba en permanente contacto con el fiscal Nisman. Según el periodista O'Donnell, prácticamente toda la información que recibía el fiscal provenía de Stiusso. Resulta que en Argentina, igual que antes sucedió en Ecuador y Bolivia, los servicios de inteligencia nacionales trabajaban primero para los Estados Unidos y recién después pasaban alguna información a su gobierno. Por eso tanto Rafael Correa como Evo Morales tuvieron que hacer limpieza dentro de estos organismos tanto militares como civiles.
En diciembre de 2014 le tocó el turno a la Argentina y realizar una reorganización de estos órganos de seguridad aliados con la oposición y guiados por la CIA y el Mossad tratando de desacreditar el gobierno de Cristina Fernández y sacarla del poder. Esto obligó al gobierno a destituir a Javier Stiusso que pasó más de 42 años en los servicios de inteligencia y hacer drásticas modificaciones en este organismo. A la vez, la estrecha relación entre Stiusso opositor al gobierno actual y Alberto Nisman hizo resurgir sospechas sobre la causa real de la muerte del fiscal en el contexto de los intentos de la oposición de desacreditar al gobierno de Cristina Fernández y poner fin al kirchnerismo y sus políticas progresistas populistas.
Todo esto explica el contenido de la carta que publicó la presidenta sobre la muerte de Nisman. En ella afirma que "el suicidio no era suicidio... y que lo usaron vivo y después lo necesitaron muerto". También señala que "la verdadera operación contra el gobierno era la muerte del fiscal después de acusar a la presidenta". En su misiva, Cristina Fernández revela sus sospechas en el rol de Daniel Lagomarsino que trabajaba en la fiscalía de Nisman como informático y quien entregó el arma fatal al fiscal a pesar de que Nisman tenía a su disposición dos armas oficiales.
Para la oposición estas declaraciones de la presidenta significaron un "delirio o fantasía". Enseguida después de lo sucedido, Gerardo Pollicita, titular de la Fiscalía Federal número 11 presentó un escrito solicitando medidas para probar si la presidenta de la nación es responsable de encubrimiento a los imputados de origen iraní. A la vez, a un mes de suceder esta trágica muerte los fiscales y parte de la oposición convocaron para este 18 de febrero una marcha general en memoria de Alberto Nisman. Los organismos de seguridad que custodiarán esta marcha no portarán armas para evitar las provocaciones.
El presidente de Bolivia, Evo Morales comentando los recientes acontecimientos en Argentina advirtió que "el imperio no duerme, siempre busca como debilitar y atacar... el imperio nunca perdona, pero cuando el pueblo está fuerte, unido y organizado también nos tiene miedo". Esto debe tener en cuenta el pueblo argentino.
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